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2026-06-03 10:51:45 UTC

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma para permitir inversión privada en el sector eléctrico

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma para permitir inversión privada en el sector eléctrico

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reforma para permitir inversión privada en el sector eléctrico La revolución eléctrica de Maduro llega con apellido privado: tras 15 años de monopolio estatal y apagones crónicos, el Gobierno abre la puerta al capital, pero promete que el timón sigue en manos del Estado. La apuesta mezcla necesidad económica, cálculo político y una batalla de relatos sobre quién arruinó —y quién puede rescatar— el sistema.

El relato oficial: privatizar sin soltar el control

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para permitir inversión privada y mixta en generación y comercialización, manteniendo al Estado como “eje central” y con más del 50 % del capital en empresas mixtas. La narrativa oficial habla de “limitaciones estructurales y financieras” del sistema, con termoeléctricas paralizadas y fuerte dependencia del Guri.

Según los textos y voceros alineados con el Gobierno, la reforma introduce un “esquema de capital mixto y privado con concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las empresas”, además de obligarlas a compensar económicamente a usuarios por daños causados por apagones. El nuevo pliego tarifario, basado en “costos reales”, busca una “rentabilidad razonable” para los inversionistas, amarrada a criterios de eficiencia.

La mirada técnica: déficit estructural, más allá de la ley

Mientras el oficialismo vende la reforma como llave mágica, especialistas recuerdan que el hueco es de megavatios, no de artículos legales. El ingeniero Roberto Vernet estima que Venezuela genera entre 12.000 y 12.500 MW frente a una demanda de 15.700 MW, operando apenas al 36 % de su capacidad instalada por el deterioro termoeléctrico. Advierte que el aumento de la actividad petrolera exprime aún más el sistema y termina quitando energía a viviendas y comercios.

En paralelo, voces opositoras dentro de la propia AN exigen que la reforma no solo descentralice, sino que ataque de frente la corrupción y audite “qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico”.

El contraste es claro: el chavismo presenta la apertura como giro táctico y “empoderamiento ciudadano”; sus críticos la leen como confesión tardía de fracaso y como parche jurídico sobre una infraestructura en ruinas.

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